RDL 7/2025: ¿Oportunidad perdida o problema evitado?

Se habla mucho de que la anulación del Real Decreto-ley 7/2025, el llamado “decreto antiapagones”, fue una tragedia para el mercado eléctrico español. Se lamenta que, mientras otros países como Reino Unido avanzan a paso firme en almacenamiento y resiliencia, aquí seguimos enredados en disputas políticas.

Pero si miramos más de cerca lo que contenía este decreto, veremos que quizás no fue una oportunidad perdida, sino un problema evitado.

La forma importa: Real Decreto-ley y debate democrático

El Gobierno eligió la vía del Real Decreto-ley para responder al apagón del 28 de abril de 2025. Es cierto que la Constitución lo permite en casos de urgencia, pero esta fórmula tiene una limitación clara:

• El Congreso solo puede convalidarlo o rechazarlo, sin enmiendas inmediatas.
• Para abrir diálogo real habría que tramitarlo como proyecto de ley, cosa que aquí no prosperó.

Eso significa que medidas con gran impacto —expropiaciones, concentración de poder, desequilibrios territoriales— entraban en vigor sin un debate amplio ni consensuado. ¿Es eso lo que llamamos un acuerdo de país?

Algunas carencias concretas del decreto

Más allá de los titulares, el 7/2025 tenía varios puntos oscuros:

1. Expropiaciones sin garantías
   Al declarar las renovables y el almacenamiento como bienes de “utilidad pública”, se abría la puerta a expropiaciones forzosas. Un instrumento muy poderoso que, sin los debidos contrapesos, beneficiaba sobre todo a los grandes promotores.
2. Refuerzo del oligopolio
   Las críticas de Podemos no iban desencaminadas: el decreto reforzaba la posición de las grandes eléctricas, sin establecer obligaciones claras de transparencia, sanciones o responsabilidades frente a fallos como el propio apagón de abril.
3. Desigualdad territorial
   Galicia fue el ejemplo más claro. El BNG denunció que se seguía apostando por instalar más proyectos en una región que ya produce mucho más de lo que consume, sin que los beneficios se quedaran en el territorio. Un “expolio energético”, en palabras de sus representantes.
4. Inseguridad para nuevos actores
   Aunque se presentaba como el decreto del “mercado de almacenamiento”, los mecanismos retributivos quedaban vagos, pendientes de futuras órdenes. Es decir, para PYMES y comunidades energéticas, la seguridad jurídica brillaba por su ausencia.

¿Y el almacenamiento?

Sí, el decreto incluía avances importantes:

• Reconocía el papel estratégico de las baterías y los bombeos.
• Agilizaba ciertos plazos de conexión.
• Abría la puerta a nuevas figuras de flexibilidad.
• Consolidaba la figura del Agregador independiente

Pero lo hacía con más ambigüedades que certezas. No garantizaba un mercado justo, competitivo ni transparente.

Mi Opinion

¿Fue el RDL 7/2025 una oportunidad perdida?
Yo diría más bien que fue un aviso a tiempo.

Porque entre las medidas positivas escondía mecanismos que aumentaban el poder de unos pocos, debilitaban el control democrático y generaban desigualdad territorial. Y un país no puede construir su transición energética sobre bases tan frágiles.

Lo urgente nunca debe eclipsar lo importante: la necesidad de un acuerdo amplio, transparente y con garantías.

Quizás la anulación del decreto nos obligue ahora a hacer las cosas bien, desde el diálogo y no desde la imposición.

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👉 Esa es la verdadera oportunidad: aprender de lo que no funcionó y buscar una norma que de verdad sea de todos y para todos.