La lotería de las renovables: Centralismo, mapas y el reto de los ayuntamientos, "lo del Nuevo decreto Ley 22/2025 de la Generalitat de Catalunya"

Hola amigos, Hay una cosa que me hace gracia —por no decir otra palabra— de todo este proceso de transición energética: el centralismo.

Seamos sinceros: da igual que las órdenes lleguen desde Madrid o desde Barcelona, la lógica es idéntica. Se decide “desde arriba” y el territorio se entera después.

En Cataluña, el Govern ha definido teóricamente dónde se pueden implantar renovables siguiendo una metodología muy técnica, moderna y basada en SIG (Sistemas de Información Geográfica). Pero si me preguntas cuál es el criterio de fondo, cuesta definirlo y asimilarlo: tejados y suelos antropizados

O mejor dicho, como diría mi abuelo:

"Antes el papel lo aguantaba todo… ahora lo aguanta el visor cartográfico."

Del plano en papel al visor cartográfico

Hemos cambiado el plano en DIN A0 por un visor online que pinta colores en el mapa. Esa herramienta digital te dice, más o menos: "Mira, en tu municipio a estos campos les ha tocado la lotería de las renovables… y a estos otros no".

A partir de ese momento, el mensaje es claro: que cada ayuntamiento se espabile.

Del mapa al POUM: “Ahora te lo haces tú”

El mensaje implícito de la administración central hacia los municipios es el siguiente:

1. Nosotros, desde el centro, ya hemos decidido por ordenador qué suelos son aptos.
2. Ahora vosotros, municipios, adaptad vuestro POUM, reorganizad el territorio y encajad todo esto en vuestro planeamiento.

El problema municipal

Cada vez más gente percibe lo mismo: la implantación de renovables y de nuevas infraestructuras eléctricas lleva años chocando con el mismo muro, el municipal. Y ahí estaría una de las claves del crecimiento desigual entre comunidades.

El primer decreto “antiapagones” del Gobierno central se hizo con prisas y muy apoyado en informes de REE y de las grandes distribuidoras. Sin decirlo abiertamente, señalaba sublibinalmente a los ayuntamientos como freno del sistema y abría la puerta a recortar su capacidad de decisión bajo el paraguas del “interés público”. El resultado fue previsible: rechazo político, derogación del decreto y,

En Catalunya, que también había redactado su propio decreto “antiapagones”, la retirada fue directa, sin llegar siquiera a presentarlo en el Parlament, ante el recelo de los socios de gobierno por una posible invasión de competencias municipales. Tras ese choque, se optó por ir con más tiento. Meses después, en octubre, se alcanzó un consenso en el que, en apariencia, nadie gana pero tampoco nadie pierde… aunque todos sabemos que va a ser difícil de gestionar.

El nuevo decreto catalán mantiene la competencia municipal, pero obliga a avanzar. Los puntos clave deberán incorporarse a los POUM. Ya no vale bloquear sin posicionarse: toca definir modelo territorial y asumir el coste político. La transición energética deja de ser un debate técnico y se convierte, definitivamente, en un conflicto político local.

Durante años hemos dicho que el problema era técnico. No lo era. Era político. Y ahora, por fin, ha bajado al sitio donde siempre estuvo: al Ayuntamiento.

O, como diría mi abuelo: en energía, como en la vida, no decidir es la forma más cómoda de decidir… hasta que te toca dar la cara.

Un ordenador centralista decide quién gana y quién pierde

En el fondo, lo que hay detrás es un modelo muy sencillo de entender: un ordenador centralista procesa capas de información y dicta qué terrenos son “aptos”, “prioritarios” o “idóneos” para poner placas solares.

La tecnología no es el problema. El SIG y los algoritmos son herramientas útiles. El problema es la gobernanza:

• No es lo mismo usar el visor como herramienta de apoyo al territorio.
• Que usarlo como oráculo central que decide primero y pregunta después.

Una vez el mapa está pintado, la asimetría es total: el centro decide el marco y el municipio gestiona las excepciones. El debate local ya no es "qué modelo de territorio queremos", sino "¿podemos mover un poco este polígono?".

La metáfora de la “lotería de las renovables”

La metáfora de la “lotería de las renovables” encaja bastante bien:

• Hay campos que han salido premiados: allí se pueden instalar placas solares, llegan promotores, llegan contratos de alquiler, llegan conflictos o acuerdos, según el caso.
• Hay otros que quedan fuera del mapa: no porque el payés o el municipio no quieran, sino porque el algoritmo ha decidido que allí no toca.

Y esto, explicado así, tiene una derivada curiosa:
hemos convertido el despliegue renovable en una especie de sorteo territorial dirigido.
El territorio no elige si quiere jugar y en qué condiciones; simplemente descubre, visor en mano, si le ha tocado o no.

Los quintos ya se han sorteado

Todo esto me recuerda a otra época. Aquello de “los quintos”, cuando te tocaba ir a la mili por sorteo. No preguntaban demasiado por tu proyecto vital; simplemente salía tu número y punto.

Pues con las renovables estamos en algo parecido:

• Los quintos (los terrenos aptos) ya se han sorteado.
• Muy pronto se sabrá a qué municipios les ha tocado “servir” como grandes receptores de renovables y a cuáles no.

El diseño se ha hecho desde arriba, mezclando criterios técnicos con urgencias climáticas y cierta comodidad burocrática. Aunque luego se nos venda como un proceso participativo, la realidad es que se trata de cómo se decide, quién decide y quién paga los costes.

No se trata de estar en contra de las renovables —todo lo contrario—, sino de exigir que los Ayuntamientos y la Gente del Territorio estén sentados en la mesa antes de pintar el mapa, y no solo para revisar los daños una vez realizado el sorteo.

Metodología y participación del mundo local

Para entender el PLATER (el reparto o la lotería como quieras llamarlo) , a mí me gusta recordar que no es un mapa hecho “a ojo”, sino el resultado de una metodología bastante trabajada. El ICAEN parte de los objetivos del PROENCAT 2050 (cuánta potencia renovable necesitamos) y los reparte por el territorio. A partir de aquí, con herramientas de sistema de información geográfica (SIG), cruzan capas de suelo (agrícola, urbano, protegido), paisaje, medio ambiente, red eléctrica y accesos, y descartan primero las zonas donde legalmente no se puede implantar nada. Sobre el resto, el modelo identifica qué áreas tienen más sentido para fotovoltaica y para eólica y asigna cuotas de potencia por comarca y municipio.

Este trabajo técnico se complementa con una segunda pata clave: la participación del mundo local. El ICAEN ha explicado esta metodología a los ayuntamientos y consejos comarcales y ha puesto a disposición un visor cartográfico para que cada municipio pueda ver qué le toca: qué zonas se consideran aptas o prioritarias y qué potencia teórica se le asigna. Esto permite a los equipos técnicos municipales revisar si lo que dice el PLATER encaja con su planeamiento urbanístico, con la realidad agraria o con otros proyectos en marcha.

Finalmente, todo esto se canaliza en el periodo de información pública, donde los ayuntamientos pueden hacer propuestas o pedir modificaciones: mover o redimensionar polígonos, argumentar por qué una zona concreta se debería proteger o plantear condiciones adicionales de implantación. El ICAEN analiza estas aportaciones y, donde tiene sentido, ajusta el PLATER antes de la aprobación definitiva. En teoría, el mensaje es claro: el mapa no es inamovible y los municipios no son convidados de piedra, sino una pieza necesaria para que la transición energética esté realmente arraigada en el territorio.

¿Verdadero o falso? ¿Tendrán realmente los municipios la última palabra o eso que llaman “participación” será solo un trámite para salir bien en la foto, o simplemente el nuevo decreto será una forma de justificar la aplicación de más trabas, tasas e impuestos?

Mi opinión:

• Los municipios no lo tendrán fácil: tendrán margen de maniobra, pero dentro de un marco ya definido. Ganan herramientas y visibilidad, pero queda muy limitada su capacidad de vetar ni de tener la última palabra.

• Sí, existe el riesgo real de que la participación sea más decorado que poder real, si no se acompaña de respuestas técnicas serias y cambios visibles. Jurídicamente, el DL 22/2025 abre más canales formales de participación, pero no garantiza que esa participación sea decisoria. La participación se refuerza en el papel (PLATER municipal, mesas por vegueries, ICAEN territorial, comunidades energéticas), pero su calidad real dependerá de cómo se apliquen plazos, cómo se respondan alegaciones y qué margen real deje la Generalitat.

• Y muy probablemente, el nuevo marco normativo será también una herramienta para ordenar el territorio y, de paso, encarecer, en la práctica, la implantación de proyectos. Económicamente, para el promotor funcionaría como un peaje regulatorio más que se suma a convenios y tributos, así que, desde la óptica del negocio, se siente muy parecido a “más coste por implantar renovables”.

Y tu que opinas, te leo en comentarios.