REE refuerza su defensa frente al expediente sancionador por el apagón

Análisis técnico-jurídico de la defensa de REE ante el expediente sancionador en tramitacion de la CNMC

REE enfrenta una presunta infracción muy grave según el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE). Se le acusa de incumplir varias funciones del artículo 30.2 (apartados k, l, r y u), relacionadas con:

• Programación del mix de generación según el resultado del mercado.
• Gestión de los servicios de ajuste necesarios para garantizar fiabilidad y seguridad.
• Impartir las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema.

Estas infracciones, cuando derivan en “perjuicio para el sistema o los demás sujetos”, pueden conllevar multas de hasta 60 millones de euros.

La CNMC, no obstante, ha reconocido que el apagón del 28 de abril de 2025 tuvo un origen multifactorial y que la incoación de expedientes no prejuzga el resultado final. Según el regulador, se detectaron indicios de incumplimientos sectoriales que deben investigarse formalmente, aunque esos hechos no implican por sí solos atribuir a las empresas afectadas la causa única del apagón.

Nueva posición pública de REE: pide el archivo del expediente

La defensa de REE ha pasado de una posición inicial de análisis y reserva a una respuesta mucho más frontal. Red Eléctrica ya ha presentado alegaciones y pide el archivo inmediato del expediente. La compañía sostiene que su actuación fue plenamente conforme a la normativa vigente y que no existe infracción atribuible al operador del sistema.

Además, REE acusa a la CNMC de falta de precisión en los hechos imputados. Según la compañía, el expediente la sitúa en una posición de indefensión porque la obligaría, en la práctica, a probar su inocencia frente a una imputación técnicamente imprecisa.

También reprocha que el regulador no haya incorporado al expediente más de medio centenar de informes y documentos aportados por Red Eléctrica durante el procedimiento previo.

El nuevo elemento más agresivo de su estrategia es la denuncia de un supuesto conflicto de interés de la CNMC, al entender que el organismo actuaría a la vez como regulador del marco técnico y como supervisor ex post del incidente.

REE considera que esa doble posición comprometería las garantías de imparcialidad y objetividad del procedimiento.

Estrategia principal de defensa de REE

La defensa de REE se apoya ahora en cinco pilares.

Primero, el carácter multifactorial del incidente.

El informe final del panel de expertos de ENTSO-E, publicado el 20 de marzo de 2026, concluyó que el apagón fue resultado de múltiples factores interactuando entre sí: oscilaciones, carencias en el control de tensión y potencia reactiva, diferencias en prácticas de regulación de tensión, reducciones rápidas de generación, desconexiones de generadores y capacidades desiguales de estabilización.

Segundo, REE niega la causalidad directa entre su actuación y el cero eléctrico.

En la junta de accionistas de Redeia, Beatriz Corredor sostuvo que “REE no falló” y que no hubo incumplimiento del operador que provocase el apagón. Según su lectura, el informe de ENTSO-E avala la tesis de Red Eléctrica: el evento fue inédito, imprevisible y multifactorial.

Tercero, la compañía defiende que actuó conforme al marco regulatorio vigente en abril de 2025.

REE puede reforzar este argumento con el hecho de que el nuevo Procedimiento de Operación 7.4, relativo al control de tensión, fue aprobado después del apagón y venía siendo reclamado por la compañía desde 2020 ante el aumento de renovables.

Cuarto, REE desplaza parte del foco hacia otros agentes del sistema.

Corredor atribuyó la secuencia del apagón a oscilaciones, desconexiones indebidas de pequeñas instalaciones solares de autoconsumo y falta de control de tensión por parte de plantas de generación síncrona, especialmente ciclos combinados de gas.

Quinto, REE insiste en que el procedimiento está en una fase preliminar y que la incoación no equivale a sanción.

La CNMC deberá probar durante la instrucción tanto el incumplimiento como el perjuicio imputable jurídicamente a REE. Ese punto sigue siendo central: no basta con demostrar que el sistema falló; hay que demostrar que REE incumplió funciones concretas y que ese incumplimiento generó perjuicio atribuible.

Operación reforzada: arma de doble filo

REE también ha actualizado su relato sobre la llamada operación reforzada. Según Redeia, el refuerzo del control de tensión ha tenido un coste de 711 millones de euros hasta el 30 de abril de 2026. La compañía sostiene que ese coste no prueba que el operador hubiese programado poca generación síncrona antes del apagón, sino que responde a la necesidad de reforzar el control de tensión ante incumplimientos o insuficiencias de otros agentes.

Este punto puede jugar en dos direcciones:

• Para REE, la operación reforzada demuestra diligencia posterior, adaptación regulatoria y necesidad de que otros agentes participen en el control dinámico de tensión.
• Para la CNMC o para críticos de la compañía, puede interpretarse como indicio de que antes del apagón los márgenes operativos eran demasiado estrechos o que el control de tensión no estaba suficientemente robustecido.

Fortalezas actuales de la defensa de REE

La defensa de REE ha ganado fuerza en tres planos.

En el plano técnico,

ENTSO-E no presenta el apagón como un fallo único del operador, sino como una cadena de factores eléctricos, regulatorios y operativos. Eso complica una imputación lineal.

En el plano jurídico,

REE puede alegar que no se le puede sancionar por no aplicar exigencias técnicas que fueron desarrolladas o reforzadas después del incidente, especialmente en materia de control dinámico de tensión.

En el plano procedimental,

la denuncia de falta de precisión, indefensión y conflicto de interés abre una vía defensiva fuerte: no solo discutir el fondo técnico, sino intentar debilitar la validez formal del expediente.

Debilidades potenciales

La defensa no es blindada.

La CNMC ha calificado el expediente como muy grave, lo que indica que aprecia indicios relevantes en la actuación del operador del sistema.

Además, aunque el informe de ENTSO-E no atribuya responsabilidad exclusiva a REE, sí coloca el control de tensión, las oscilaciones, la gestión de potencia reactiva y las desconexiones en cascada en el centro del problema.

Otro punto delicado es la operación reforzada.

Si el sistema ha necesitado 711 millones adicionales para fortalecer el control de tensión, la CNMC podría utilizar ese dato para argumentar que el diseño operativo anterior era insuficiente, aunque REE sostenga que esa insuficiencia era regulatoria y sectorial, no un incumplimiento propio.

También puede perjudicarle la dimensión institucional del conflicto.

Al acusar a la CNMC de falta de imparcialidad, REE eleva el tono de la batalla. Esa estrategia puede ser útil jurídicamente si encuentra defectos reales en el expediente, pero también puede endurecer la posición del regulador.

Mi interpretación:

La defensa de REE ya vislumbra por donde van a ir los tiros. Ya no se limita a afirmar que analizará el expediente y presentará alegaciones: pide el archivo, niega cualquier incumplimiento, acusa a la CNMC de falta de precisión, denuncia indefensión y apunta a un conflicto de interés del regulador.

Desde el punto de vista técnico, su mejor baza sigue siendo el carácter multifactorial del apagón.

Desde el punto de vista jurídico, su argumento más fuerte es que la CNMC deberá demostrar una relación causal concreta entre una omisión de REE y el perjuicio producido.

Desde el punto de vista procedimental, la ofensiva sobre la falta de precisión y el supuesto conflicto de interés puede servir para buscar la anulación o debilitamiento del expediente.

Lo más probable sigue siendo que REE intente forzar una de estas tres salidas: archivo, recalificación a infracción grave o sanción muy inferior al máximo legal.

Con la información disponible, una multa cercana a los 60 millones parece menos probable que una resolución intermedia, acompañada de requerimientos técnicos y regulatorios.

Pero el expediente ha escalado: ya no es solo una discusión técnica sobre el apagón, sino una batalla institucional abierta entre el operador del sistema y el regulador.